El máximo tribunal autorizó a agentes migratorios detener a personas por su color de piel, idioma o lugar de trabajo. Organizaciones denuncian que la medida legitima la discriminación y aumenta el miedo en comunidades latinas. Defensores de inmigrantes advierten un retroceso en derechos civiles. El fallo desata protestas en Los Ángeles y otras ciudades.